En la anterior entrada señalaba los problemas intrínsecos que tiene un sistema como el que tenemos actualmente (de reparto, o distributivo), y el final que con toda probabilidad le esperaba. Pero, si este sistema ya no sirve, ¿qué hacemos entonces? ¿Es el final del estado del bienestar?. Quizá sí, en la forma en la que lo conocemos ahora, pero este puede que no sea la única alternativa. Veamos una parte del sistema social: las pensiones.
Un sistema de pensiones diferente
El sistema alternativo al actual más extendido es el de capitalización personal. Funciona como sigue: el trabajador paga una parte de su sueldo obligatoriamente, como en el sistema que tenemos, pero esta cantidad, menos un porcentaje mayor o menor, que va a cubrir diversos servicios ( pensiones no contributivas, pensiones de enfermedad, viudedad...), se introduce en un fondo a nombre del trabajador.
Este fondo es gestionado por una entidad privada, que en principio puede ser elegida por el propio contribuyente, que también puede elegir el perfil inversor, más conservador o agresivo, en función de sus circunstancias o preferencias. La pensión que obtendría a la hora de la jubilación saldría de este fondo formado durante toda la vida laboral del trabajador, más los intereses generados, más las posibles aportaciones voluntarias. Vendría a ser como un plan de pensiones privado igual a los disponibles en el mercado, con la diferencia de que por una parte sería obligatorio aportar por el hecho de trabajar, y por otra una parte de esa aportación iría al sistema de cobertura social.
Este sistema es llamado "Chileno", porque fue en el primer país en el que se implantó, por consejo de economistas de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza. Lleva en marcha más de treinta años, y se ha implantado o está en vías de hacerlo en diez o doce países en Centro y Sudamérica, y en un buen puñado más en la Europa del Este.
Por supuesto, no es un sistema perfecto, y tiene sus ventajas e inconvenientes, como todo en la vida.
Ventajas e inconvenientes del sistema de capitalización personal
Primero veamos las ventajas:
- Es más sostenible. Cada trabajador soporta su propia pensión. Independientemente de si en el momento de su jubilación hay más o menos trabajadores, o los ingresos de la Seguridad Social son mayores o menores. La parte del sistema de "solidaridad social" permanece como ahora. Las pensiones no contributivas de un momento dado dependen de lo que estén aportando en ese momento los trabajadores. No soluciona esta parte del problema, pero no es peor que lo actual.
- El contribuyente puede elegir dónde deposita su ahorro, cómo se gestiona, cuánto quiere cobrar a la hora de jubilarse, aportando más, y el riesgo que quiere correr, si es que quiere tener alguno. Yo considero la libertad para gestionar tu propio dinero una ventaja, aunque soy consciente de que no todo el mundo lo ve así. Hay mucha gente que desea fervientemente que les protejan de sí mismos.
- El dinero no puede ser tocado por el Estado. Son depósitos privados en entidades privadas. Para aquellos que aún piensan, de forma cándida e inocente , que el Estado es el que mejor va a velar por su dinero, le recuerdo que la única medida razonable tomada en nuestro país en pro de la sostenblidad del sistema de pensiones, que fue la creación de la llamada "Hucha de las pensiones", que salió de los acuerdos del Pacto de Toledo, ha sido saqueada sin reparo, estando en la actualidad formada en un 80% (o 96% según fuentes) por deuda Española, que, dicho sea de paso, no cumple los requisitos de calidad que se impusieron en la creación de tal fondo. En el caso más que probable que el Estado deba hacer una quita en nuestra deuda pública, ese porcentaje será directamente lo que perderemos todos los españoles, aunque no creo que eso suponga ningún escándalo, pues robos peores se perpetran a diario desde la cosa pública, y a nadie parece importarle demasiado.
- En principio, la gestión privada de esos fondos es más eficiente que la pública. Está más guiada por motivos puramente económicos, sobre los motivos políticos que suelen mover a los gestores públicos. Sé que esta es una cuestión que genera debate, y gustosamente accederé a discutir con ejemplos y cifras la superioridad en eficiencia de la gestión privada sobre la pública, aunque ahora lo dejaremos aquí, por no desviarnos.
Por supuesto, este sistema también tiene sus inconvenientes, muchos de ellos revelados por los años de experimentación en aquellos países donde se ha implantado:
- El Estado tiende a permitir un número pequeño de empresas autorizadas a gestionar estos fondos de pensiones. Por tanto, la creación de oligopolios es sencilla. En esto me gustaría decir que más que fallo del sistema, es un fallo del propio Estado, que no aplica el fomento del libre mercado y competencia entre entidades, que sería la que realmente beneficiaria al ciudadano que deposita su dinero en ellas.
- Derivado de lo anterior, hay una queja generalizada por las altas comisiones que suelen cobrar estas entidades. Es lo mismo que lo anterior. Si el Estado permite la creación de oligopolios, el sistema no funcionará correctamente, perdiendo las ventajas de la libre competencia sobre los precios que aplican las entidades gestoras por sus servicios.
- Existe la posiblidad, al invertir sus ahorros en los mercados financieros, de que en un momento dado un fondo tenga menos de lo que se ha aportado. Incluso mucho menos. Aquí hay que decir que una vez más el Estado permite unos tipos de inversión en estos fondos, y prohibe otros, más arriesgados, para evitar este fenómeno en lo posible. Y también que los fondos de pensiones públicos invierten exactamente igual que los privados sus fondos en los mercados financieros, por lo que a día de hoy ganan y pierden dinero de usted y mío, aunque eso no sale en los periódicos, ni se entera nadie.
- ¿Qué pasa si alguna de estas entidades quiebra?. En primer lugar estos gestores actúan de forma similar a como lo hace un broker de bolsa. Son custodios de los valores, no dueños de ellos.No son un banco. Por tanto, si la empresa quiebra, nunca sus acreedores podrán exigir el pago de sus deudas mediante estos fondos. Con respecto a la correcta gestión de estos fondos, en el sentido de que el riesgo asumido sea el fijado por el contribuyente y la ley, y que no existan irregularidades ni delitos en esa gestión, la supervisión corresponde al propio Estado, actuando como lo hace con los bancos, fondos y demás entidades financieras. En este caso, con una vigilancia aún mayor si cabe.
Conclusiones
Dadas estas razones, a favor y en contra, estimo que los beneficios superan enormemente a las posibles desventajas, y que antes o después el cambio de nuestro sistema de reparto a éste será inevitable. Por supuesto habrá quien no esté de acuerdo con mi opinión, y por ello le invito a que exponga sus razones.
Porque lo único realmente claro en estos temas tan complejos, es que la última palabra nunca queda dicha.
